A partir de los años 80, la Educación Social comenzó a experimentar una tremenda expansión como consecuencia de la llegada de la democracia y del llamado estado del bienestar. No fue hasta 1991, cuando esta disciplina fue recogida como diplomatura universitaria en el real decreto 1420/1991 de 30 de agosto (BOE de 10 de octubre de 1991).
Desde entonces, el trabajo que llevaban realizando durante años numerosas personas voluntaria y altruistamente, es reconocido y formalizado en estos estudios que legitiman y dotan de contenido a esta profesión. Sin embargo, no es menos cierto que “la tendencia de las políticas neoliberales es destinar cada vez menos recursos a las necesidades socioeducativas. Por tradición en nuestro país, gran parte de estas necesidades han estado cubiertas por el voluntariado, si bien éste hace una labor importante, existe el peligro de que las administraciones públicas no asuman la importancia de la profesión de educador/a social” (Isabel Escribano, 2004).
Así, nos encontramos actualmente con la paradoja de que la comunidad autónoma en la que vivimos (Castilla y León) no contemple en sus leyes y en su burocracia administrativa una titulación que dicha comunidad está impartiendo. A pesar de ser 5 las Facultades que imparten Educación Social en nuestra comunidad, entre ellas la de Burgos con una tradición de 19 años de docencia, no comprendemos por qué nos niegan la entrada a plazas públicas que recogen nuestro perfil y nuestras funciones y por qué motivo la Ley de Acción Social regional no contempla ésta y otras figuras profesionales propias de dicho ámbito (Animadores Socioculturales, Integradores Sociales, Terapeutas Ocupacionales, Educadores Especiales…) en los equipos multidisciplinares de los centros de Acción Social.
Esta falta de reconocimiento público conlleva a una descarada precarización de la intervención social, teniendo que asumir frecuentemente categorías profesionales que se encuentran por debajo de la nuestra (con el consiguiente descenso de la remuneración) y sin embargo funciones y tareas de otras disciplinas semejantes e incluso de una categoría superior.
Por ello, reivindicamos que se actualice y se ponga en marcha un convenio colectivo de acción e intervención social que no sea excluyente (con ciertos perfiles) apostando así por la intervención multidisciplinar, que asegure los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras que lo constituyen y que regule cuidadosamente la privatización de los servicios sociales, aspecto que se ha convertido últimamente en un denominador común y ha contribuido a agudizar aún más esta precariedad laboral y a desvirtuar la labor socioeducativa, separando los procesos de los resultados.
Es de vital importancia que la administración pública, en primer lugar, y el tejido empresarial, posteriormente, advierta que la labor social es un acaecer diario, basado en la constancia ligada a la presencia dentro del tejido social. De esta forma, los agentes educativos que quieran desempeñar la labor para la que están preparados, sólo podrán hacerlo desde el reconocimiento de los DERECHOS LABORALES de su trabajo.
Evidentemente la labor del educador/a es ejecutar programas, pero desde la detección de necesidades, o lo que es lo mismo, desde la presencia constante en el contexto educativo y una vez ahí, dentro del marco, elaborar las correspondientes intervenciones.
